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Humillaciones racistas y crímenes de lesa humanidad marcan el Paro Nacional en Ecuador
- Luis Eduardo Zambrano
- 15 jul 2022
- 2 Min. de lectura
Tras 18 días de paro, las partes firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad petrolera y minera. La Misión de Derechos Humanos que estuvo de visita en Quito denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad que deben investigarse.
Texto: Gabriela Ruiz Agila
Fotos: Josué Araujo
Recursos multimedia: Alexis Olivo
QUITO, ECUADOR.- Un día antes de que iniciara el Paro Nacional, se instaló una cámara de vigilancia 360° en la avenida principal de la sede de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Los muros externos fueron pintados con las leyendas: “Quito no se destruye”, “CONAIE terrorista”, como estrategia de una guerra psicológica o guerra sin fusiles se había iniciado contra el Movimiento Indígena.
El añejo conflicto cambia de nombre de presidente y bandera política, pero mantiene a la Conaie como el opositor natural a la imposición de políticas neoliberales desde el Palacio de Gobierno. Las élites políticas intentan manipular su capacidad de convocatoria y de “tumbar” presidentes y es la misma razón por la que le temen. Conaie se fundó en 1986, y cuatro años más tarde, impulsó entre mayo y junio de 1990, el primer levantamiento indígena que paralizó al país durante una semana. En el tiempo andino, es época de celebración de la fiesta mayor, el Inti Raymi. “Tierra, Cultura y Libertad” fue la voz de lucha.
Conaie, Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador) hicieron público un listado de 10 pedidos al Poder Ejecutivo, luego de un año de infructuosos intentos de diálogo. Esto motivó la convocatoria a un paro nacional.
El primer día, el gobierno de Lasso desestimó el poder de convocatoria de la Conaie. En la madrugada del 14 de junio, grupos de élite de la Policía y Fuerzas Armadas detuvieron de forma arbitraria e ilegal al presidente de la confederación, Leonidas Iza Salazar. Tras varias horas, el Estado dio cuenta de su lugar de detención. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el delito de paralización de servicios públicos y dispuso su libertad provisoria. Esta sería la mecha para avivar la suma de más colectivos y gremios que culminó con la firma de un Acuerdo el jueves 30 de junio con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito.
Las cifras: dos estados de excepción, seis muertos, más de 500 heridos, 238 policías heridos. La Misión de solidaridad Internacional y Derechos Humanos en su informe preliminar, determinó la comisión de delitos de lesa humanidad en “ataques de “caracter sistemático, generalizado y dirigido a la población civil”: desapariciones forzadas, homicidios, privación ilegal de la libertad, tortura. Quedan todos estos casos en la necesidad de obtener verdad y justicia para las víctimas.
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